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Contribución a la reglamentación y aplicación de la nueva ley
de manejo de residuos peligrosos en la República Argentina

CEPAL, Santiago, 1992


Indice

 

bull.gif (852 bytes) Introducción
bull.gif (852 bytes) I. Características institucional del área metropolitana bonaerense
bull.gif (852 bytes) II. Legislación y autoridades intervinientes en materia de contaminación ambiental en el área metropolitana Bonaerense
bull.gif (852 bytes) III. La regulación jurídica de los residuos tóxicos y peligrosos en el área metropolitana Bonaerense
A. Legislación Nacional
1. La Convención de Basilea
2. La Ley Nacional 24.051
    a) Residuos comprendidos
    b) Ambito territorial de aplicación de la ley
    c) Actividades reglamentadas por la ley
    d) Regimen institucional para la regulación y control de las actividades comprendidas en la ley.
    e) Régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones
    f) Carácter de orden público de la ley
3. Resolución 233 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación sobre transporte de materiales
    peligrosos
B. Legislación de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires
C. Legislación de la Provincia de Buenos Aires
bull.gif (852 bytes) IV. Requerimientos institucionales de un sistema de manejo de residuos tóxicos y peligrosos en el área 
      metropolitana Bonaerense

Introducción

Este trabajo tiene continuidad con el titulado Plan de manejo de residuos industriales, con especial referencia a los tóxicos peligrosos, elaborado en 1991 por el autor conjuntamente con los señores Héctor Echechuri y Luis Giudice. Con posterioridad a dicho documento se produjeron en la Argentina innovaciones jurídico-institucionales que justifican la revisión de su contenido, por lo que en este documento se actualiza la información y se hace un análisis de las perspectivas futuras de la gestión de esos residuos en el área metropolitana banaerense y en el resto del territorio nacional.

I. Caracterización institucional del área metropolitana Bonaerense

Lo que se da en llamar Área Metropolitana Bonaerense constituye un conglomerado urbano de alrededor de 10 millones de habitantes, que no está correspondido, a nivel institucional, por un gobierno único, ya que está sujeta a la mayor diversidad de jurisdicciones político-administrativas que quema imaginar.

Como es sabido, la República Argentina, por su Constitución Nacional dictada en 1853, es un país federal. Ellos significa que las 23 provincias que la componen detentan gobiernos autónomos (dictan su propia constitución y eligen sus autoridades); y poseen todas las competencias estaduales --institucionales y normativas-- en aquellas materias que no hayan sido expresamente delegadas en el gobierno federal cuando se dictó la Constitución Nacional. En algunos casos, las competencias fueron delegadas al gobierno federal para que las ejerciera de manera exclusiva, (por ejemplo, emitir moneda, organizar ejércitos, y manejar las relaciones internacionales) en otros, los gobiernos provinciales mantuvieron la capacidad de jercerlas simultánea o concurrentemente con el nacional (por ejemplo, promover la educación, la industria, y la construcción de caminos y ferrocarriles).

Las constituciones provinciales organizan sistemas de gobierno que contemplan una "descentralización funcional" en tres poderes (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y una "descentralización territorial" (los municipios, que en la casi totalidad de los casos comprenden zonas rurales y los núcleos urbanos en ellas insertos). Esas jurisdicciones municipales reciben el nombre de "departamento" con la excepción de la provincia de Buenos Aires, donde se denoman "partidos".

La ciudad de Buenos Aires era, hasta 1882, una más por cierto que la más importante de la provincia de Buenos Aires. En ese año se dictó la ley que dispuso su federalización, con la cual fue desmembrada de la provincia y convertida en Capital Federal de la República. Aparte de ser asiento de las autoridades nacionales, ello le significó pasar a ser gobernada directamente por el Gobierno Nacional: el Presidente de la República es el equivalente a un Gobernador en las provincias y el Congreso Nacional y el Poder Judicial Nacional son, a su vez, Legislatura y Judicatura locales.

En el orden municipal, el Presidente de la República es también la autoridad máxima de la ciudad, si bien la ejerce a través de un delegado, el Intendente Municipal ("intendente" es la denominación que se da en la Argentina a lo que en los demás países de habla hispánica se denomina "alcalde"). Ello convierte a la ciudad de Buenos Aires en la única ciudad del país que no elige a su intendente municipal sino que le es designado por el Gobierno Federal. Sin embargo, en ella rige la llamada Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dictada por el Congreso Nacional, que establece un Poder Legislativo Municipal (el concejo Deliberante), integrado por representantes elegidos por el pueblo, y una judicatura municipal (el Tribunal de Faltas).

La Provincia de Buenos Aires, que alberga a la mayor parte de los habitantes del Area Metropolitana Bonaerense (alrededor de 7 millones), tiene las mismas características institucionales que la demás provincias. Los Partidos o municipios que conforman el Area Metropolitana Bonaerense son 19, a saber : Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echevarría, General San Martín, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Berazategui, Florencia Varela, General Sarmiento, Merlo, Moreno y Quilmes.

En la Argentina no existe ninguna normativa constitucional ni de ningún otro tipo que estipule una forma de gestión unificada de continuos urbano-territoriales como el que constituye el Area Metropolitana Bonaerense. Ello origina una realidad institucional sumamente compleja y particular, caracterizada por una multiplicidad de jurisdicciones según las materias de que se trate: en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional (con todos los organismos que lo integran) como tal y, además, como Gobierno Local, más el Gobierno Municipal. En los 19 partidos provinciales el Gobierno Nacional en las materias que les son propias, el Provincial y las Autoridades Municipales. Salvo que se trate de facultades constitucionales delegada al Gobierno Nacional, toda posibilidad de uniformar criterios políticos y normas jurídicas o establecer formas de gestión unificadas para el área debe pasar necesariamente por el consenso y la concertación de todo ese gran número de autoridades.

Lamentablemente, esa concertación, cuando se ha dado, lo ha sido tema por tema y resulta paradójico que nunca se haya abordado seriamente un acuerdo global destinado a una gestión urbana homogénea de un área metropolitana de tal magnitud.

II. Legislación y autoridades intervinientes en materia de contaminación ambiental en el
     area metropolitana bonaerense

La multitud de jurisdicciones antes descritas tiene su correlato en materia de contaminación ambiental.

En la Capital Federal la norma más abarcativa la constituye el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental (Ordenanza 19.025) que regula todo lo relativo a contaminación del aire, residuos sólidos, efluentes líquidos, ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes. La autoridad de aplicación es, obviamente, la municipalidad de la ciudad, que cuenta con una Subsecretaría de Medio Ambiente.

Sin embargo, en lo que hace a la contaminación hídrica, dado que los efluentes son volcados de manera directa o indirecta a la red de desagues cloacales, la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación actualmente en proceso de privatización es la autoridad encargada de la aplicación del Reglamento por ella dictado, y del Decreto Nacional 674 que establece el régimen de cuotas de resarcimeinto por contaminación.

En cuanto a la contaminación atmosférica, con el Código Municipal coexiste la Ley Nacional 20.284., que nunca ha sido reglamentada.

En la Provincia de Buenos Aires existe la ley provincial 5965 sobre contaminación de agua, aire y suelo, correspondiendo a las autoridades municipales las principales atribuciones en cuanto a su aplicación.

Por otro lado, 13 de los 19 partidos que componen el Area Metropolitana, en la medida que integran la red de Obras Sanitarias de la Nación, están sujetos a su autoridad reglamentaria y contralora.

También rige la ley provincial 7229 que establece el régimen de habilitación y funcionamiento de establecimientos industriales, con su decreto reglamentario 7488/72, cuya autoridad de aplicación son los intendentes municipales.

III. La regulación jurídica de los residuos tóxicos y peligrosos en el área metropolitana
      Bonaerense

A. Legislación Nacional

1. La Convención de Basilea

Conforme lo dispone la Constitución Nacional, los tratados internacionales, una vez que son ratificados por el Congreso, se incorporan a la legislación interna del país. Este es el caso de la Convención de Basilea que regula el tráfico internacinal de desechos tóxicos y peligrosos.

Una de las opciones que dicha Convención permite a los países es la que adoptó Argentina a través de la ley 24.051, promulgada el 8 de enero de 1992. Ella prohibe, en su artículo tercero, la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo.

Esta disposición fue reglamentada por el Poder Ejecutivo el 24 de enero de 1992, mediante el Decreto 181-92. En este se considera residuo, desecho o desperdicio comprendido en la prohibición a "toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación, reutilización y/o disposición final se proceda, se proponga proceder, o se esté obligado a proceder, así como también todos aquellos que, a juicio de la autoridad de aplicación, sean considerados como tales o que pretenda ser importado o introducido en el mismo estado en que fuera desechado por el generador y/o sea ofrecido a nuestro país tanto en forma gratuita o abonado una prima para su reciclado, tratamiento o disposición final".

El Decreto prohibe expresamente el transporte, la intruducción y la importación definitiva o temporal al territorio nacioanl, al Area Aduanera Especial y a las Areas Francas, creadas o por crearse, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de:

i) Los residuos, desechos o desperdicios provenientes de otros paaises, cuya nómina, que no tiene carácter taxativo, se incluye en un Anexo; y

ii) Los residuos o desechos procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y/o procedencia y ratificado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación (autoridad de aplicación), sin perjuicio de las facultades que son propias de la Administración Nacional de Aduanas.

La Secretaría antes mencionada es establecida como autoridad de aplicación del Decreto.

2. La Ley Nacional 24.051

Esta ley, reciente promulgación, establece por primera vez, a nivel nacional, un régimen legal aplicable a los residuos peligrosos. En los párrafos siguientes haremos una reseña de sus aspectos más relevantes.

a) Residuos comprendidos

La ley establece que "será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" (art. 2).

Como puede advertirse, la definición no sólo no distingue los residuos "peligrosos" de los "tóxicos" sino que, en tan amplia, que tomada en términos literales abarca a todos los "elementos contaminantes" del ambiente. Ello habrá de generar problemas de interpretación y de aplicación de la ley, sobre todo, en lo que hace a su compatibilización con la legislación sobre contaminación ambiental preexistente. No se advierte porque se ha adoptado esta ambiguedad, siendo que todos los proyectos de ley que exitian en el Congreso, cuya discusión y compatibilización derivó en el texto de la ley, y la legislación internacional (en marzo de 1991 el país adhirió al Convenio de Basilea) contenían una definición de los residuos tóxicos y peligrosos que los discriminaba del resto de los residuos en virtud de una serie de características muy específicas, en las que no es necesario abundar por ser bien conocidas.

A renglón seguido, establece que, por imperio legal , es decir, sin admitir prueba en contrario, "en particular" serán considerados peligrosos una serie de residuos que designa por su nombre en un Anexo I, como también aquellos que reúnan ciertas características que se detallan en un Anexo II.
La norma aclara que las disposiciones de la ley serán de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales.

Por otro lado, quedan expresamente excluidos de sus alcances los residos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, todos los cuales se regirán por las leyes especiales y convenios internacionales vigentes.

b) Ambito territorial de aplicación de la ley

Como ya hemos dicho, la República Argentina tiene una forma federal de gobierno, en el que las Provincias conservan todo el poder que no haya sido delegado al Gobierno Nacional mediante disposiciones expresadas de la Constitución Nacional, que es el "acta fundacional" de la confederación de Provincias que constituyen el país.

Entre las materias que la Constitución delega al Gobierno Nacional, salvo contados casos, como la regulación del uso navegatorio de los rios interprovinciales, prácticamente no se encuentra ninguna de las que componen la temática ambiental, la que viene a constituirse así, en jurisdicción privativa de los Estados Provinciales. Ello constituye una realidad del derecho positivo constitucional argentino que, valga decirlo, ha generado una dispersión jurisdiccional y una heterogeneidad de legislaciones ambientales, especialmente en el tema de la contaminación, y dificultado mucho la modernización y homogeneización en el territorio nacional de las normas jurídicas y de los instrumentos de monitoreo, fiscalización y punición. Existe, sin embargo, en la Constitución Nacional, la llamada "cláusula comercial", en virtud de la cual el Gobierno Nacional, desde hace décadas, con respaldo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha  incursionado en materias que prima facie aparecian como de competencia provincial, uniformado la normativa jurídica en todo el territorio del país. Nos referimos al artículo 67 inciso 12 de la Constitución, que enuncia, entre las atribuciones del Congreso de la Nación, la de "reglar el comercio marítimo y terrestre de las provincias entre si".

La tesis básica con que la Nación ha utilizado esta norma constitucional es la de que una materia entra en la órbita legislativa del Gobierno Federal cuando su regulación por parte de una provincia pudiera tener consecuencias económicas en el territorio, o con relación a los habitantes, de otra u otras provincias del país.

Tradicionalmente, al amparo de dicha cláusula, el Gobierno Federal legisló en temas energéticos, de hicrocarburos, fitosanidad y sanidad animal. La ley que comentamos es la primera que lo hace en materia de medio ambiente.

En efecto, su artículo 1° establece que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la ley en los siguientes casos:

i) Cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional (como la Capital Federal y los puertos marítimos, por ejemplo);

ii) Cuando estuvieren ubicados en el territorio de una provincia, pero estuvieren destinados al transporte fuera de ellas;

iii) Cuando, a criterio de la autoridad de aplicación (que será la recientemente creada Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nacion), los residuos puderen afectar a las personas o al ambiente más allá de las fronteras de la provincia donde se hubiesen generado; y

iv) Cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusón económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas.

Dada la estructura productiva y de comercialiozación del país, muy pocos residuos escaparán al alcance de esa enumeración como para ser regulados por las provincias.

Finalmente, debe señalarse, sin embargo, que el artículo 67 de la ley invita a las provincias y los respectivos municipios, en el área de su competencia, a dictar normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos.

c) Actividades reglamentadas por la ley

Las actividades relacionadas con los residuos reglamentadas por la ley son: la generación, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Todas ellas quedan sujetas a las obligaciones registrales a que nos referiremos más adelante, ya que, previamente, nos ocuparemos de las obligaciones particulares de cada actividad.

i) Régimen aplicable a los sujetos responsbles de la generación de residuos.   Se considera "generador" a toda persona, física o jurídica, que como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos.

Todo generador está obligado a:

1. Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que genere;

2. Separar adecuadamente y no mezclar residuos incompatibles entre si;

3. Envasar los residuos e identificar los recipientes y su contenido, numerados y fecharlos, conforme a la
    reglamentación que dicte la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano;

4. Entregar a los transportistas autorizados los residuos peligrosos que no tratare en su propia planta, con
    indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto que la propia ley establece (ver más
    adelante);

5. Si está autorizado por la Secretaría a tratar los residuos en su propia planta, deberá llevar un registro
    permanente de este tipo de operaciones; y

6. Registrarse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, ante el cual
    deberá presentar una declaración jurada anual en la que manifieste, entre otros datos que le exija la
    reglamentación, lo siguiente:

    - Datos identificatorios: nombre completo o razon social; nómina de miembros del directorio, socios,
       gerentes, adminsitradores, representantes y/o gestores; domicilio legal;

    - Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de residuos peligrosos y sus
       características edilicias y de equipamiento;

    - Características físicas, químicas y biológicas de cada uno de los residuos que genere:

    -  Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para
        cada uno de los residuos que genere;

    -  Cantidad anual estimada de cada uno de los residos que genere;

    -  Descripción de los procesos generadores de los residos peligrosos;

    -  Listado de sustancias peligrosas utilizadas;

    -  Método de evaluación de las características de los residuos peligrosos

    -  Procedimientos utilizados para la extracción de muestras;

    -  Métodos de análisis y lixiviado y estándares para su evaluación; y

    -  Listado del personal expuesto a los efectos producidos por las actividades de generación de residuos
        peligrosos y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz.

Se establece una tasa cuyo valor y periodicidad fijará la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que deberán abonar los generadores en función de la peligrosidad y cantidad de residuos que produjeren y que no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de la utilidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual se generan los residuos peligrosos.

De dicha tasa son exceptuados los generadores de residuos patológicos, entendiéndose por tales a los provenientes de cultivos de laboratorio; restos de sangre y de sus derivados; residuos orgánicos proveientes de quirófanos; restos de animales producidos por investigación científica; algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnaos con sangre u otras sustancias putrecibles que no se esterilizan; y agentes quimioterápicos.

Por último, se dispone que todo generador de residuos peligrosos es responsable, en su carácter de dueño de los mismos, de todo daño que ellos produzcan, en los términos de la reglamentación del régimen de responsabilidades que detallamos más adelante.

ii) Régimen aplicable a los transportitas de residuos peligrosos.  Todo transportista de residuos peligrosos está obligado a:

1. Inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos
    acreditando, aparte otros datos que pueda exigirle la autoridad de aplicación, lo siguiente:

    - Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio domiciliario legal
       de la misma;

    - Tipos de residuos a transportar;

    - Listado de todos los vehiculos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos que
       se emplearán en caso de peligro causado por accidente;

    - Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que
       pueda resultar de la operación de transporte; y

    - Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso,
       establezca la autoridad de aplicación.

Toda modificación que se produzca en relación con los datos precedentes, el transportista deberá comunicarla a la autoridad de aplicación dentro de los treinta días de producida.

2. Portar en la unidad, durante el transporte de los residuos, un manual de procedimientos y materiales y equipamiento adecuado para neutralizar o confinar inicialmente una eventual liberación de residuos.

3. Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación por radiofrecuencia.

4. Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora,
    en que se asentarán los que acaezcan.

5. Identificar en forma clara y visible el vehículo y a la carga, de acuerdo con las normas
    nacionales e internacioneales vigentes.

6. Para el caso de transporte por agua, disponer de contenedores que posean flotabilidad
    positiva y sean independientes respecto a la unidad transportadora.

7. Adecuarse a las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación, las que
    como mínimo deberán completar:

- Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que
   realice, con individualización del generador, forma de transporte y destino final;
- Normas de envasado y rotulado;
- Normas operativas para el caso de derrame o liberación accidental de residuos peligrosos;
- Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte;
- Obtención por parte de los conductores de licencia especial para operar unidades de
   transporte de sustancias peligrosas.

8. Recibir del generador los residuos solamente si los mismos vienen acompañados del correspondiente manifiesto y deberá entregarlos, en su totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposción final debidamente autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto.

9. Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por la autoridad de aplicación con competencia territorial y en el menor tiempo posible.

El transportista está sujeto a las siguientes prohibiciones absolutas: mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos incompatibles entre si; almacenar residuos peligrosos por un plazo mayor dediez (10) días; transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase sea deficiente; aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición fina; transportar simultáneamente, en una misma unidad de transporte, residuos  peligrosos incompatibles; y transportar residuos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la jurisdicción argentina.

Por último, se dispone que todo transportista de residuos peligrosos es responsable en calidad de guardian (a diferencia del generador, el que lo es en carácter de dueño) de todo daño producido por los mismos, conforme al régimen de responsbilidades que luego exlicaremos.

iii) Régimen aplicable a las plantas de tratamiento y disposición final. La ley formula una definición de lo que habrá de entenderse como plantas de tratamiento y de disposición.

Así, se considerarán plantas de tratamiento aquéllas en las que se modifiquen las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.

Se considerarán planta de disposición final a los lugares especialmente acondicionados para el depósito final.

Se considerarán plantas de disposición final a los lugares especialmente acondicionados  para el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental.

La ley aclara que, en particular, quedan comprendidas todas aquellas instalaciones donde se realizan algunas de las operaciones de eliminación o tratamiento que se enumeran en el Anexo III.

La ley establece las siguientes obligaciones a que estarán sujetas las plantas en cuanto a su instalación, funcionamiento y cierre:

1. Inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, presentando
    una declaración jurada en la que se manifiesten, entre otros datos que se exijan, los siguientes:

    - Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina, según corresponda, del directorio, de
       los socios gerentes, los administradores, los representantes y los gestores; domicilio legal;

    -  Domicilio real y nomenclatura catastral;

    -  Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, en la que se consigne expresamente que el
        predio será dedicado a tal fin. Esta inscripción tiene por objeto asegurar que los futuros adquirientes
        del inmueble sepan que en el mismo funcionó una planta de tratamiento o disposición de residuos
        peligrosos;

    -  Certificado de radicación industrial (el cual es expedido, en el caso del Area Metropolitana
        Bonaerense, por el respectivo municipio);

    -  Información sobre las características edilicias y de equipamiento de la planta; descripción y proyecto
       de cada una de las instalaciones o sitios en los cuales un residuo peligroso esté siendo o vaya a ser
       tratado, transportado, almacenado transitoriamente o dispuesto.

    -  Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, el almacenamiento, las operaciones
       de carga y descarga y disposición final, y "la capacidad de diseño de cada uno de ellos" (sic.) No se
       advierte claramente a qué se refiere esta última exigencia; tendemos a pensar que se ha cometido un
       error material en la redacción o publicación de la ley, la cual debe haber querido referirse a la
       capacidad volumétrica de las instalaciones destinadas a cada una de las operaciones enumeradas;

    -  Especificaciones de los tipos de residuos peligrosos a ser tratados o dispuestos y estimación de la
        cantidad anual, así como los análisis previstos para determinar la factibilidad de su tratamiento y/o
        disposición de la planta en forma segura y a perpetuidad;

    -  Manual de higiene y seguridad que se utilizará;

    -  Planes de contingencia, así como procedimientos para registrar la misma si ocurriera;

    -  Plan de monitoreo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas; y

    -  Planes de capacitación del personal.

En el caso particular de las plantas de disposición final se exigirán, además:

    - Antecedentes y experiencia en la materia, si lo hubiere;
    - Plan de cierre y recuperación del área;
    - Estudio de Impacto Ambiental;
    - Descripción del sitio donde se ubicará la planta y de las soluciones técnicas a adoptarse frente a
       eventuales casos de inundación o sismo, a cuyos efectos se adjuntarán, según correspondiere,
       dictamenes del Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) y del Instituto Nacional de
       Ciencia y Técnicas Hídricas (INCYTH).
    -  Estudios hidrológicos y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o el escurrimiento
        de los residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua;
    -  Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de
        almacenamiento.

2. Los proyectos de instalaciones de plantas deberán ser suscritos por profesionales de incumbencia en la
    materia.

3. Los lugares destinados a la disposición final con relleno de seguridad deberán reunir las siguientes
    condiciones, sin perjuicio de otras que exija la autoridad de aplicación:

    - Una permeabilidad del suelo no mayor a 10-7 cm/seg hasta una profundidad no menor de 1.50m
       tomando como nivel cero la base del relleno de seguridad; o un sistema análogo en cuanto a su
       estanqueidad o velocidad de penetración;

    -  Una profundidad del nivel freático de por lo menos 2 metros a contar desde la base del relleno de
        seguridad;

    -  Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor que la que determine la autoridad de
        aplicación;

    -  El proyecto deberá prever una franja perimetral destinada exclusivamente a forestación cuyas
        dimensiones determinará la reglamentación.

4. Llevar un registro de operaciones permanentes, en la forma que determine la autoridad de aplicación, el que deberá conservarse a perpetuidad, aún si se hubiere cerrado la planta.

En cuanto al cierre de una planta se dispone que, para proceder al mismo, se deberá presentar ante la autoridad de aplicación, con una antelación mínima de 90 días, un plan de cierre. La autoridad de aplicación, previa inspección obligatoria de la planta, lo aprobará o desestimará en un plazo de 30 días.

El plan de cierre deberá contemplar, como mínimo:

- Una cubierta con condiciones de permeabilidad similares a las descritas y capaz de sustentar vegetación
   herbácea;
- Ejecución continua de un programa de monitoreo de aguas subterráneas por el término que la autoridad
   de aplicación considere necesario, no pudiendo ser inferior a 5 años; y
- La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la o las celdas de
   disposición, contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos de hayan sido utilizados a hayan estado
   en contacto con residuos peligrosos.

En cuanto a las plantas existentes a la fecha de promulgación de la ley, las mismas deberán tramitar su inscripción en el Registro y el Certificado Ambiental del que nos ocupamos más adelante. En caso de denegársele la autorización, caducará de pleno derecho cualquier autorización o permiso obtenido con anterioridad.

Respecto a todo proyecto para la instalación de una planta nueva la inscripción en el Registro solo implicará la aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las obras; pero una vez terminada la construcción de la planta deberá requerir de la autoridad de aplicación el Certificado Ambiental que autoriza su funcionamiento. Esta autorización, que podrá ser renovada, se otorgará por un plazo máximo de 10 años, sin perjuicio de la renovación del Certificado Ambiental, que es anual.

En orden a sus responsabilidades por daños, los titulares de plantas de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos serán considerados jurídicamente como guardianes.

d) Régimen institucional para la regulación y control de las actividades comprendidas en la ley

La ley establece una autoridad nacional de aplicación de sus normas, así como una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo. Asimismo, como instrumentos operativos, se establece el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, el Certificado Nacional y el Manifiesto.

i) Autoridad de aplicación: la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 
Presidencia de la Nación.  La ley estipula que "será autoridad de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en el área de política ambiental, que determine el Poder Ejecutivo". Si bien el Poder Ejecutivo no ha producido aún dicha determinación (cuenta con 90 días para hacerlo en la reglamentación, a partir de la promulgación de la ley, que fue el 8 de enero de 1992) se descuenta que dicha Secretaría será instituida como tal.

En primer lugar, porque en los instrumentos legales de su reciente creación uy de asignación de funciones, se dispone que "será autoridad de aplicación de toda norma referente a materias de su competencia específica, en el ámbito nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo coordinar sus tareas con los Gobiernos Provinciales".

En segundo lugar, porque el Decreto 181/92 del 24 de enero de 1992 que prohibe la importación de residuos peligrosos al que nos hemos referido, ya le asignó expresamente esa función, lo que lleva a presumir con solidez que existe intención gubernamental de atribuirle el manejo de toda la temática sobre dichos residuos.

Se ponen en cabeza de la autoridad de aplicación las siguientes competencias:

  • Entender en la determinación de los objetivos y políticas en materia de residuos peligrosos, privilegiando las formas de tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los mismos y la incorporación de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental;

  • Ejecutar los planes, programas y proyectos de su competencia, elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo;

  • Entender en la fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos;

  • Entender en el ejercicio del poder de policia en la materia e intervenir en la radicación de industrias generadoras;

  • Entender en la elaboración y fiscalización de las normas relacionadas con la contaminación ambiental;

  • Crear un sistema de información de libre acceso a la población, con el objeto de hacer públicas las medidas que se implementen en relación con las actividades comprendidas en la ley;

  • Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos;

  • Dictar normas complementarias en la materia;

  • Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente de organismos nacionales o de cooperación internacional;

  • Administrar los recursos de origen nacional e internacional destinados al cumplimiento de la ley;

  • Proponer la reglamentación de la ley;

  • Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos; en función de los avances científicos o tecnologías que pudieran producirse, modificar los Anexos de la ley.

Como pauta para el accionar de la autoridad de aplicación se establece que deberá privilegiar la contratación de los servicios de asistencia técnica que puedan brindar los organismos oficiales competentes y Universidades nacionales y provinciales.

ii) Comisión Interministerial de Residuos Peligrosos.  Esta Comisión se crea en el ámbito de la autoridad de aplicación con la misión de coordinar las acciones de las diferentes áreas del gobierno. Estará integrada por Directores Nacionales de los siguientes Ministerios: de Defensa (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina); de Economía y Obras y Servicios Públicos (Secretarias de Transportes y de Industria y Comercio); y de Salud y Acción Social (Secretarias de Salud y de Vivienda y Calidad Ambiental).

iii) Consejo Consultivo.  Se crea un Consejo Consultivo, de carácter honorario, a fin de asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la ley. Estará integrado por representantes de: universidades públicas o privadas; centros de investigaciones; asociaciones y colegios de profesionales; asociaciones de trabajadores y de empresarios; organizaciones no Gubernamentales ambientalistas; toda otra entidad representativa de sectores interesados; a criterio de la autoridad de aplicación, personalidades reconocidas en temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.

iv) Registro y otorgamiento del Certificado Ambiental

a) La inscripción en el Registro. La autoridad de aplicación debe crear y mantener actualizado el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final, cumpliendo los requisitos que para cada una de estas actividades hemos reseñado en párrafos anteriores.

El Registro deberá expedirse dentro de los 90 días (hábiles) contados desde la presentación de la totalidad de los requisitos.
En caso de silencio, vencido el término indicado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de Procedimientos Administrativos (N° 19.549), esto es, se entenderá que se ha denegado la inscripción.

La autoridad de aplicación podrá acordar con los organismos que deben intervenir, ejerciendo competencias distintas de las ambientales, en la habilitación y control de los distintos tipos de unidades de generación o transporte, la unificación de procedimientos a fin de simplificar las tramitaciones, dejando a salvo la competencia y jurisdicción de cada uno de los organismos intervinientes.

b) El Certificado Ambiental.  Una vez cumplidos los requisitos exigidos, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental, que será el instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscritos aplicarán a los residuos peligrosos.

Este Certificado deberá renovarse anualmente y será requisito necesario para la autoridad que en cada caso corresponda (una municipalidad, por ejemplo) pueda proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transporte, plantas de tratamiento o disposición final y otras actividades que generen u operen con residuos peligrosos.

Lo generadores u operadores de residuos que se econtraban funcionando a la fecha de promulgación de la ley, tedrán un plazo de 180 días, contados desde la apertura del Registro, para obtener el respectivo Certificado Ambiental. Si las condiciones de funcionamiento no permiten su otorgamiento, se les podrá prorrogar por única vez el plazo a fin de que cumplan los requisitos requeridos. Vencidos dichos plazos, y persistiendo el incumplimiento, serán de aplicaciones las sanciones previstas en el artículo 49 al que más adelante nos referiremos.

Desde ya que todos los operadores que en el futuro carezcan del Certificado )sea por no haberse inscrito o habérseles suspendido o cancelado la inscripción) están sujetos a todas las obligaciones y responsabilidades que tienen los inscritos, pudiendo, igualmente, la autoridad de aplicación ejercer, respecto a ellos, todas sus atribuciones legales.

La autoridad de aplicación puede proceder a la inscripción de oficio de aquellos que estime que, por su actividad, se encuentren comprendidos en los términos de la ley. En caso de oposición, el afectado deberá acreditar, mediante el procedimiento que establezca la reglamentación que sus residuos no son peligrosos, el en marco de la definición de estos que da la ley.

No se admitirá la inscripción de sociedades cuando alguno de sus directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores, estuviesen desempeñando o hubieren desempeñado algunas de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción por violaciones a la ley cometidas durante su gestion.

Asímismo, en el caso de que una sociedad no hubiera sido admitida en el Registro o que admitida haya sido inhabilitada ni esta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar actividades reguladas por la ley, ni hacerlo a título individual, excepto los accionistas de sociedades anónimas y asociados de cooperativas que no hayan actuado en las funciones enumeradas en el párrafo anterior al momento de cometerse la infracción que determinó la exclusión del Registro.

v) Manifiesto. En un documento denominado "Manifiesto" deberán instrumentarse la naturaleza y cantidad de los residuos generados; su origen; la transferencia del generador al transportista y de este a la planta de tratamiento y disposición a que fueren sometidos; y cualquier otra operación que se realizare respecto de los mismos.

Sin perjuicio de los demás recaudos que determine la autoridad de aplicación, el manifiesto deberá contener: el número serial del documento; los datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los residuos